Seguridad del contrato electrónico

Autor: Jose Manuel Comentar Comparte este artículo Artículo precedente Blog post siguiente Los usuarios comienzan a descubrir las ventajas de la contratación electrónica, y del comercio a través de Internet, como por poner un ejemplo la comodidad o la facilidad para cotejar distintas ofertas y precios. No obstante, asimismo hallan ciertos inconvenientes, como la identificación del profesional o bien empresa con la que se contrata, la seguridad en los medios de pago, la confidencialidad y protección de los datos personales, o bien las dificultades que pueden presentarse a la hora de reclamar. La firma electrónica se transforma en un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados mediante la Red, ofertando las bases para evitar el repudio y incrementando la seguridad del contrato electrónico. La firma electrónica permite: La identificación del firmante: la firma identifica al firmante de forma única igual que su firma escrita a mano. La integridad del contenido firmado: es posible verificar que los documentos firmados no hayan sido perturbados por otras personas. No repudio del firmante: un documento firmado electrónicamente no puede ser reprobado o bien rechazado por parte del que lo firma. La firma electrónica reconocida deja reconocer al firmante, advertir una posible manipulación o cambio en los datos y tendrá respecto de los datos consignados en el contrato electrónico exactamente el mismo valor que la firma manuscrita con relación a los consignados en el contrato elaborado en papel. El soporte en que se encuentre el contrato firmado electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. En la firma electrónica, que está basada en una serie de algoritmos criptográficos asimétricos, son necesarias dos claves para el intercambio de la información: una clave pública (distribuída entre los receptores de los contratos) y una clave privada (almacenada en el equipo del emisor y solamente famosa por él). Ambas están relacionadas, de forma que lo que cifra una lo puede descifrar la otra. La clave privada ha de ser secreta, la pública no es necesario que lo sea. Para poder firmar digitalmente documentos es necesario disponer de un certificado digital. Este es un documento electrónico que valida y certifica que una firma electrónica se corresponde con una persona o bien entidad concreta. Los datos básicos que se incluyen en el certificado de usuario son: nombre, NIF, algoritmo y claves de firma, data de expiración y organismo que lo expide. El certificado digital puede ser: Personal: el utilizado para autentificación, firma y/o cifrado. También puede garantizar otros atributos de la persona como el rol que tiene en la compañía. Servidor: para autenticación, confidencialidad, integridad y/o cifrado de servidores, redes privadas virtuales, servidores SSL (protocolo de seguridad, para lograr que la transmisión de datos entre un servidor y un usuario, o viceversa, mediante Internet, sea completamente segura). Imagen sujeta a licencia CC de tpholland Por: Jose Manuel Etiquetas: certificado digital, Internet Categorías: General

¿Qué son las sociedades laborales?

Autor: Jose Manuel Comentar Comparte este artículo Blog post precedente Blog post siguiente Las Sociedades Laborales son aquellas en las que la mayoría del capital social pertenece a los trabajadores que prestan en tales sociedades sus servicios que son retribuidos de forma personal y directa, siendo la relación laboral con la empresa por tiempo indefinido. Otra característica singular de las sociedades laborales es que en ellas el número de horas trabajadas por año por aquellos trabajadores fijos que no sean socios de la sociedad, no va a poder ser superior al quince por ciento del total de horas trabajadas al año por los asociados trabajadores. Si dicha sociedad tiene menos de veinticinco asociados trabajadores, el porcentaje no va a poder ser superior al 25 por cien . En el caso de exceder estos límites, la sociedad va a deber ajustarse al porcentaje marcado por la ley en un plazo máximo de tres años, reduciendo todos los años por lo menos un tercio del porcentaje en el que se sobrepase o bien supere el máximo legal. Las sociedades laborales se rigen por la Ley de Sociedades Anónimas y por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Además en su denominación debe constar la expresión “sociedad anónima laboral” (SAL) o bien “sociedad limitada laboral”(SLL), apareciendo en toda la documentación referente a la misma. Su capital social debe estar dividido necesariamente en acciones nominativas (no al portador) representadas por títulos individuales o múltiples, si se trata de sociedades anónimas laborales, y en participaciones sociales, si se trata de sociedades limitadas. Estas pueden ser de clase laboral de las que son titulares los asociados trabajadores o bien de clase general. Ninguno de los socios puede tener en el capital social una participación superior a la tercera parte del mismo, salvo en caso de que la sociedad esté participada por una Entidad Pública o por una asociación sin ánimo de lucro, en cuyo caso la participación de estas entidades va a poder superar la tercera parte del capital social pero sin alcanzar el 50 por ciento . Además de esto, las sociedades laborales están obligadas a formar un Fondo Especial de Reserva que se dotará con el diez por cien del beneficio líquido de cada ejercicio. Si no se dota el fondo, se hace de forma deficiente o bien se aplica de forma incorrecta puede ser causa suficiente a fin de que la sociedad pierda la calificación de laboral. Dicho fondo sólo puede destinarse a cubrir pérdidas cuando la sociedad carezca de otros medios para cubrir dichas pérdidas. Las sociedades laborales tienen la obligación de anotarse en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio social. Mas además deben hacerlo en un Registro singular de carácter administrativo llamado Registro de Sociedades Laborales, que depende del Ministerio de Trabajo o de la pertinente Comunidad Autónoma. Para inscribir la sociedad en el Registro Mercantil es preciso presentar un certificado que demuestre que dicha sociedad ha sido calificada como sociedad laboral por el Ministerio de Trabajo o por la Consejería autonómica correspondiente, en su caso. Caso de que las acciones cambien de manos, la sociedad tiene la obligación de avisarlo al Registro de Sociedades Laborales. Imagen sujeta a licencia CC de James Bowe Por: Jose Manuel Etiquetas: trabajadores Categorías: General

Baja maternal

La Ley reconoce para las trabajadoras españolas un permiso por baja maternal de 16 semanas ininterrumpidas, que se amplían en dos por cada hijo en el caso de parto múltiple (a dieciocho si son gemelos, a veinte si son trillizos…). La baja está remunerada al cien por ciento y si nos equiparamos con el resto de países europeos, España se sitúa en el octavo sitio en cuanto a prestaciones por maternidad, lejísimos de las mujeres noruegas que pueden llegar a disfrutar de 52 semanas y no digamos de las suecas que están de baja 96 semanas. La madre ha de estar seis semanas de baja tras el parto para recobrarse físicamente. Las otras diez semanas las puede gozar antes o bien después del nacimiento. Puede cogerlas tanto el padre como la madre en el caso de que ambos trabajen, o bien conjuntamente (cinco semanas cada uno). El padre cuenta con un permiso de paternidad de 15 días, que es totalmente independiente a los derechos de la madre. Para solicitar la baja por maternidad: Tras el parto vas a deber ir al médico de la seguridad social para que te dé la baja por maternidad, en el caso de que tu médico sea privado, éste va a deber redactarte un informe para presentarlo al médico de la Seguridad Social, que es quien debe firmar la baja. Después, con la baja médica y los papeles que te haya facilitado tu empresa (en caso de que trabajes por cuenta extraña) sellados, vas a deber acudir a una oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social y presentar también el certificado de nacimiento del bebé que te hayan dado en la clínica, tu documento de identidad, tarjeta de la Seguridad Social, el Libro de Familia actualizado con los datos del pequeño, las últimas nóminas, una imitación de la última Declaración de Hacienda, una copia del número de cuenta donde deseas que te efectúen el ingreso de la nómina facilitado por tu banco y el impreso oficial de solicitud adecuadamente rellenado. Requisitos para cobrarla: La embarazada tiene que estar trabajando o cobrando el paro. Menor de 21 años. No se exige periodo de cotización. Entre veintiuno y veintiseis años. Debe haber cotizado 90 días, en los siete años previos a la fecha de parto, o 180 días a la largo de su vida laboral. Mayor de veintiseis años. Debe haber cotizado un mínimo de ciento ochenta días a la Seguridad Social, en los siete años que preceden a la data del parto, o 360 días durante su vida laboral. El importe de esta prestación se calcula siempre conforme la base reguladora de cotización a la Seguridad Social, que acostumbra a ser del cien por cien . Subsidio por maternidad: Las mujeres que reúnan el periodo mínimo de cotización para cobrar la prestación por maternidad pueden pedir un subsidio equivalente al cien por cien del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Se cobra durante cuarenta y dos días naturales tras el parto. Derechos después de la baja maternal: Una hora de lactancia: La madre puede ausentarse una hora diaria del trabajo, bien dividiendo este tiempo en dos fracciones de media hora, bien reduciendo la jornada de trabajo en media hora al inicio o bien al final. El Estatuto de los Trabajadores establece que corresponde a la trabajadora detallar el horario de este permiso. Solamente, debe informar a la compañía 15 días antes que reanude su jornada normal. Excedencia: Se puede solicitar la excedencia en el trabajo como máximo hasta que el niño cumpla 3 años. El tiempo que dure la excedencia se computa a efectos de antigüedad y durante el primer año la madre tiene derecho a la reserva del puesto. En ciertos convenios colectivos este plazo se amplía hasta los tres años. Reducción de jornada: Si el pequeño es menor de 6 años se puede pedir la reducción de la jornada de trabajo que lleva unida una reducción proporcional en el sueldo que fluctúa entre la tercera parte y el cincuenta por cien .

¿Qué es la Ley de Propiedad Horizontal?

Esta ley es la encargada de regular una forma especial de propiedad por pisos o locales que es la más extendida en todo nuestro territorio nacional. Conforme el sistema de propiedad horizontal, el dueño de un piso o bien local tiene el derecho exclusivo y singular sobre su propiedad y además, comparte propiedad, con el resto de sus vecinos, de los elementos comunes del edifico como pueden ser fachada, escaleras, jardines, portal, ascensores… Conforme la ley de propiedad horizontal, a cada piso o local se le marca una cuota de participación que sostiene relación con el valor total del edificio y que sirve como referencia para determinar el porcentaje de los gastos de la comunidad que debe abonar cada vecino. Cuando adquirimos un piso en este régimen de propiedad horizontal, debemos tener claro que nos va a tocar hacer frente a la parte proporcional de gastos que produzcan las zonas comunes. En un edifico de pisos estos factores son aproximadamente de simple aplicación y todos tenemos claro cuáles son las zonas comunes, pero, ¿Qué sucede cuando nos viviremos a una urbanización? Este régimen de propiedad horizontal se puede aplicar a aquellas urbanizaciones que estén integradas por dos o bien más edificaciones (parcelas) independientes entre sí las cuales estén destinadas a vivienda o bien locales y que los dueños de las mismas (divididos horizontalmente) participen en una propiedad común indivisible (cuidado de jardines comunes, cuidado de la calle que une las residencias, instalaciones comunes…). Una urbanización puede optar entre constituirse como una única comunidad de propietarios (lo más cómodo) o como una Agrupación de Comunidades de Propietarios (aconsejable sólo para urbanizaciones muy grandes), para lo que se requiere un título constitutivo, la creación de una junta de propietarios compuesta por los presidentes de las distintas comunidades…

Tipos de avales

El aval es la garantía que demanda un banco o bien entidad de finanzas por la concesión de un préstamo o bien crédito. El avalista es quien, en caso de que el prestatario (persona a la que se la entrega el préstamo) no pueda hacer frente al pago de su deuda, devolverá a la entidad el capital prestado y los intereses generados por la operación y en su caso por la demora en el pago. Los tipos de avales son: El aval en sí mismo. Aquel que demandan las entidades de finanzas que conceden el crédito, y que va a ser el responsable de contestar ante ellas de las obligaciones adquiridas por el beneficiario del préstamo. El aval como producto. Aquel ofrecido por los bancos y entidades de finanzas. En un caso así, el banco no otorga un préstamo, sino a cambio de una cantidad de dinero (comisión) se recibe un aval para contratar un préstamo por un tercero. En los avales entendidos como productos financieros podemos diferenciar entre: Aval económico: La entidad financiera responde de un pago aplazado (alquiler, compra y venta, pagos a Hacienda…). Este puede ser de tipo comercial: cuando el banco responde ante el incumplimiento por la parte de su usuario en transacciones comerciales, o bien financiero: cuando el banco responde en préstamos o bien créditos (letras, pagarés…). Aval Técnico. La entidad de finanzas responde económicamente del incumplimiento de obligaciones de naturaleza no económica. Son muy solicitados para participar en concursos, ejecuciones de obra o bien contratos de suministro con organismos públicos. En la mayoría de los casos, para participar en estos concursos públicos se suele demandar la figura de un preaval. Créditos documentarios. Avales cuya existencia se suelen dar con más frecuencia en el ámbito internacional, en operaciones de importación/exportación. El banco o bien entidad financiera garantiza que, de cumplirse una serie de condiciones por la parte del exportador se encarga de la cantidad a pagar. Lo frecuente, y ante la falta de conocimiento por parte del exportador del banco del importador, es que participe un banco del país al que pertenece este y la garantía se articula a través de un compromiso entre los dos bancos. Los bancos registran los avales de cada crédito en una serie de documentos legales. Dichos avales se contratan por un tiempo y cantidad ciertos, pudiendo ser retirados antes del término del contrato con la devolución a la entidad financiera de los documentos que registran y protegen dicha obligación.

Diferencias divorcio, nulidad matrimonial y separación

Para poner punto y final a una relación matrimonial los interesados pueden decantarse por la separación (no rompe el vínculo marital), el divorcio (si disuelve el vínculo matrimonial) o pueden solicitar la nulidad o invalidación del matrimonio. Para estos procesos es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional y tener siempre y en todo momento en cuenta que es más sencillo y económico llegar a un pacto que no querellar. A través de la separación los cónyuges deciden poner punto y final a su convivencia e empezar vidas separadas y también independientes. Géneros de separación: Separación de hecho: Se genera por mutuo acuerdo o bien de forma unilateral (uno de ellos abandona el domicilio familiar). Separación judicial: de mutuo acuerdo o bien por lo contencioso. En el primer caso es necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio y aportar al lado de la demanda de separación un acuerdo regulador en el que se incluirán todos y cada uno de los acuerdos referentes al cuidado de los hijos (pensión, visitas, custodia…) si les hubiese y para una separación contenciosa basta con presentar la demanda de separación, ya que el acuerdo regulador lo estipulará el juez. El divorcio si disuelve el vínculo marital y como en el caso de la separación puede pedirse judicialmente de mutuo acuerdo o de forma contenciosa. Géneros de divorcio El divorcio de acuerdo mutuo marcha igual que la separación de acuerdo mutuo. Se presenta la demanda de divorcio con el convenio regulador. El procedimiento judicial es veloz y sencillo. El divorcio contencioso. Es solicitado por uno de los cónyuges sin el permiso del otro. Es necesario que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio (salvo que exista riesgo de maltrato) y no se presenta convenio. El procedimiento es largo y complejo. En la actualidad ha aparecido el llamado divorcio express, un género de divorcio de acuerdo mutuo rápido y económico (en Internet hay ofertas desde cuatrocientos euros y se puede administrar desde una web). La nulidad civil implica la invalidación del matrimonio frente a la existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. Un matrimonio declarado nulo se estima que jamás ha existido. ¿Por qué puede declararse civilmente un matrimonio nulo? Por haberse celebrado sin permiso. Matrimonio entre personas menores que no se hallen independizados. Por haberse festejado entre personas que ya están casadas. Entre parientes online recta por consanguinidad o bien colaterales hasta el tercer grado, parientes on line recta por adopción. Por haber sido contraído entre personas que han sido condenados como autores o cómplices de la muerte de su precedente pareja. Por haber sido celebrado sin la intervención de la persona facultada para hacerlo, o bien sin la presencia de los testigos. Por error sobre la identidad de la persona del otro contrayente (el cónyuge resulta ser una persona diferente) o sobre aquellas cualidades personales que por su importancia han determinado la voluntad del que alega el vicio de nulidad para casarse (por ejemplo, dio una imagen de su persona que después no se ajustó a la realidad). Si se ha contraído por coacción o bien miedo grave. La nulidad matrimonial puede ser pedida por los cónyuges, el Ministerio Fiscal y cualquier persona que tenga un interés directo en el asunto.

Cómo y cuándo ejecutar un aval bancario

Un aval se puede ejecutar mientras se halle activo (dentro de su duración). Para ello el adjudicatario debe probar conforme los términos requeridos en el propio contrato del aval, que el ordenante infringe sus obligaciones avaladas. El beneficiario ejecutará el aval presentándolo al banco que lo emitió. El banco verificará dicha reclamación y si se ajusta a lo pactado procederá al pago del importe avalado. El aval queda cerrado en caso de ser utilizado por la parte del beneficiario debido al incumplimiento de las obligaciones avaladas por parte del ordenante o si expira el plazo de duración del aval sin haber sido utilizado por parte del primero. Teniendo claro cuando y como se puede ejecutar un aval el mejor lugar para resolver las dudas sobre la ejecución de los mismos son los propios contratos que se firman a la hora de formalizarlos en tanto que cada entidad impone sus condiciones y las clausulas que aparecen en este tipo de contratos son muy diferentes de un sitio a otro. Por ejemplo, si el contrato del aval incluye una clausula de ejecución a primer requerimiento quiere decir que el aval se podrá ejecutar a requerimiento del dueño sin que sea necesario justificar nada. En el resto de los casos, las diferentes clausulas son las que marcan las pautas de actuación. ¿De qué manera actúa una entidad financiera ante una solicitud de ejecución de un aval? Demandar escrito solicitando la ejecución, con importe de la cantidad reclamada, el motivo de la ejecución y verificar que dicho documento está firmado por persona con capacidad para ejercitar la reclamación por cuenta del beneficiario. Tener siempre muy presente que la entidad no puede tomar parte en las discrepancias que puedan existir, en su caso, entre el adjudicatario y el avalado, pues ha contraído una obligación de pago en substitución de otro, de la que sólo puede liberarse si el avalado ha cumplido estrictamente sus obligaciones en tiempo y forma. Se demandará el original del aval contra entrega del pago del mismo, salvo en los casos de ejecuciones parciales del aval en los que se aceptará la ejecución parcial del aval con una copia del mismo.

Custodia compartida

En España, en el 90 por ciento de las ocasiones, la guardia y custodia de los hijos se da exclusivamente a la madre. Para que el padre pueda participar de la educación de sus hijos y no se sienta completamente apartado de la vida de los menores se ha creado la llamada custodia compartida, en la que ambos progenitores se encargan de los más pequeños. El ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos se va a acordar cuando de este modo lo pidan los padres a través de la propuesta de un acuerdo que regule la nueva situación de los perjudicados o cuando los dos lleguen a este pacto en el trascurso del procedimiento. Un Juez será el encargado de acordar la guarda conjunta y de adoptar las precauciones procedentes para un cumplimiento eficiente del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos. Si los progenitores no logran llegar a un acuerdo entre ambos, será el juez quien tome la decisión, pudiendo consultar a los pequeños si estos tienen más de 12 años o bien cuentan con la madurez suficiente para poder expresar con libertad su opinión. Para los más pequeños es una ventaja poder ser educados tanto por su madre como por su padre, algo que este tipo de custodia favorece. El que ambos progenitores dediquen exactamente la misma cantidad de tiempo a sus hijos ayuda a que se impliquen del mismo modo en la vida y educación de los niños, dejando a estos compartir sus inconvenientes y alegrías con los dos. Sin embargo, en el caso de los menores de cuatro años, los especialistas advierten de que los niños precisan esencialmente mucha estabilidad y puede no resultar conveniente estar cambiándoles continuamente de entorno, algo que puede afectar a su desarrollo. La solución podría ser pactar un régimen de visitas más amplio. Para lograr una buena custodia compartida es vital que los padres se lleven bien, que los domicilios de los dos se encuentren próximos (ayuda a mantener un ambiente uniforme para los niños) y una implicación de los dos a fin de que todo marche lo mejor posible para todos.

La pensión alimenticia

La Constitución De España candela por el cuidado de los más pequeños y la separación o bien el divorcio no exoneran a los progenitores de proseguir cumpliendo con sus obligaciones. El propio Código Civil así lo ratifica en su artículo 92 donde dice “la separación, la nulidad y el divorcio no exoneran a los padres de sus obligaciones para con los hijos”. Si no se alcanza un acuerdo entre los padres, será el Juez el encargado de determinar cuál va a ser la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará aquellas medidas que estime oportunas para asegurar la efectividad y acomodación de las posibilidades a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Entendiéndose por comestibles todo aquello indispensable para el sustento de los hijos como el alimento, el alojamiento, el vestido y la asistencia médica. También se incluye en este apartado la educación. En algunos casos y si estos no estuvieran cubiertos, la pensión alimentaria puede comprender los gastos de embarazo y parto. La obligación de pasar una pensión de estas peculiaridades nace la propia sentencia de nulidad, separación o divorcio, en la que aparecerá reflejada la persona obligada a satisfacerla, su cuantía, las bases para su actualización, el periodo y la forma en la que se han de realizar los pagos. La cuantía de la pensión alimenticia depende de los ingresos de la persona obligada a abonarla y de las necesidades del adjudicatario. En nuestra legislación no hay un baremo de obligatorio cumplimiento al que recurra el juez a la hora de fijar la pensión. Con lo que la va a fijar conforme su criterio, eso sí, en los márgenes establecidos por la ley. La pensión alimentaria puede crecer o reducir en función de las necesidades de los beneficiarios y del incremento o bien disminución de los recursos económicos de la persona que está obligada al pago, pero siempre tras pedirlo judicialmente. La obligación de pasar una pensión alimentaria concluye cuando el obligado a prestarla muere o bien sus recursos económicos se han reducido tanto que si hace efectiva la ayuda pone en riesgo su propia subsistencia o la de su nuevo grupo familiar. Asimismo si el adjudicatario comienza a trabajar y genera los suficientes recursos como para no precisar la pensión. El beneficiario puede perder el derecho a recibir la pensión alimenticia por mal comportamiento (pérdida del trabajo) o si comete ciertas faltas que facultan al progenitor a desheredarle. En principio, la pensión alimentaria debe satisfacerse hasta el momento en que los menores alcanzan su mayoría de edad, ahora bien, si tras cumplir los dieciocho continúan estudiando o bien carecen de los medios precisos para valerse por sí solos, pueden demandarla. En un caso así la reclamación de pensión va a deber hacerla el hijo y no el progenitor con el que viva. Si no se cumple con la obligación de prestar alimentos se empieza un procedimiento de ejecución sobre los recursos del obligado a prestarlos y de igual forma se generan responsabilidades penales, pudiendo ser acusado de abandono de familia lo que conlleva pena de prisión (3 meses y un día) o multa.

Cómo se constituye una comunidad de propietarios

Una comunidad de propietarios se rige por la Ley de Propiedad Horizontal y es constituida por el conjunto de dueños de pisos y locales en junta, cuando estos hayan tomado posesión de exactamente los mismos. En dicha junta de dueños se procederá a nombrar los distintos órganos de gobierno que representasen a la comunidad por el tiempo establecido. Los órganos de gobierno de una comunidad según lo preparado en la ley son: La junta de propietarios. Presidente. Secretario. Administrador. El presidente de la comunidad será nombrado entre los dueños, mediante elección, turno rotatorio o bien sorteo. El nombramiento tendrá carácter obligatorio, aunque el propietario escogido puede solicitar su relevo dentro del mes siguiente a su llegada al cargo justificando las razones que le llevan a ello. El presidente va a ser el responsable de representar legalmente a la comunidad en juicio y fuera de él, en todos los temas que le competan. En algunos casos se elige asimismo la figura de un vicepresidente, pero no es obligatorio. Su nombramiento se realizará de la misma forma que el del presidente y su función principal será la de sustituir al presidente en caso de que este tenga que ausentarse o bien el puesto quede vacante. El vicepresidente ayudará en sus funciones al presidente en los términos establecidos por la Junta de dueños. El secretario y administrador de la comunidad pueden ser exactamente la misma persona o bien ser nombrados de forma independiente. Son cargos que puede desempeñar cualquier dueño pero lo más habitual es que el administrador sea una persona física con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dicha función extraña a la comunidad. Los órganos de gobierno de una comunidad, a menos que los estatutos señalen lo contrario, se renovarán de año en año. Aunque es posible modificar algún cargo en reunión extraordinaria de propietarios. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para formar una comunidad de Dueños? Legalizar el libro de actas de la comunidad en el registro de la propiedad donde está anotada la finca. Festejar una junta de dueños de constitución de la comunidad que se debe ocupar de: La aprobación de los estatutos, si los hubiere. El nombramiento del presidente, secretario y administrador. La aprobación del presupuesto y las cuotas, levantando la pertinente acta de la asamblea.